Marcos Carlón: IMOS impone cobros y sanciones sin criterios claros al pequeño empresario

El abogado advierte que prácticas administrativas del organismo estatal afectan a microempresas y ciudadanos sin mediar infracción previa

• Doble registro vehicular y reclasificación de unidades elevan costos de operación para microempresas y trabajadores independientes.

• Remolques y sanciones se aplican sin advertencia previa ni infracción comprobable de tránsito.

• La discrecionalidad en operativos y sanciones abre un espacio directo a prácticas de corrupción.

Ensenada, Baja California.

Febrero de 2026.

Marcos Carlón, integrante del Colegio de Abogados de Ensenada, señaló que el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS) mantiene prácticas de cobro y sanción que impactan de forma directa a pequeños y microempresarios que utilizan vehículos como herramienta de trabajo.

El abogado expuso que uno de los principales problemas detectados es el doble cobro de registro, al exigir que una misma unidad sea inscrita tanto en el padrón vehicular general del estado como en un padrón adicional del IMOS, sin que exista una diferenciación clara entre transporte privado de trabajo y servicio público.

Como tercer elemento, Carlón advirtió que la aplicación discrecional de detenciones, remolques y multas, sin infracción previa ni procedimientos estandarizados, abre la puerta a prácticas de corrupción, al dejar en manos del criterio del inspector la decisión de sancionar, inmovilizar la unidad o permitir la continuidad del trayecto.

Indicó que esta duplicidad de registros y facultades de supervisión genera una carga económica adicional para comerciantes, prestadores de servicios y trabajadores independientes que no ofrecen transporte al público, pero que dependen de sus unidades para operar de manera cotidiana.

Carlón advirtió que, además del doble registro, se están aplicando remolques de unidades sin previa advertencia por portar algún documento vencido, aun cuando la falta no represente un riesgo inmediato para la seguridad vial ni derive de una infracción de tránsito.

Señaló que también se están ordenando remolques por supuestas fallas mecánicas, sin que exista una notificación previa, una revisión técnica formal o un plazo razonable para corregir la condición señalada.

El integrante del Colegio de Abogados sostuvo que se han documentado casos en los que los conductores son detenidos sin haber cometido infracción alguna, sin fallas mecánicas ni eléctricas, con placas y documentos vigentes, y aun así se les impone una multa por no estar registrados ante el IMOS.

Desde su perspectiva, estas prácticas trasladan la carga administrativa al ciudadano y al pequeño empresario, al obligarlos a enfrentar sanciones, arrastres y pagos adicionales sin un procedimiento previo de advertencia ni criterios homogéneos de aplicación.

Carlón explicó que estas medidas afectan de manera directa a recolectores de grasa, vendedores ambulantes, comerciantes y microempresas que utilizan vehículos utilitarios para generar ingresos, sin contar con la estructura financiera para absorber incrementos regulatorios inesperados.

Finalmente, Marcos Carlón sostuvo que el IMOS debe revisar de fondo sus esquemas de registro, supervisión y sanción, y establecer reglas claras y proporcionales que distingan entre servicio público y uso privado productivo, a fin de evitar afectaciones a la ciudadanía, a la economía local y a la legalidad en la aplicación de la norma.